Capítulo 205 - El Mensaje del General Perón a los Terroristas Subversivos Aun Resuena. Sus Destinatarios Ingresaron Por Fin al Movimiento.

(continuación)

“Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia. Eso es una cosa que la gente debe tener en claro, pero lo vamos a hacer; no tenga la menor duda.”
Las sabias palabras del general Perón seguramente fueron pronunciadas ante el contenido del parte de guerra, dado a publicidad oportunamente por la organización terrorista, denominada como “Ejército Revolucionario del Pueblo”, en el que se sostiene lo siguiente: “Parte de Guerra nº 1. A las 22.30 hs. del sábado 19 de enero, la Compañía "Héroes de Trelew"- reforzada- del Ejército Revolucionario del Pueblo - ERP-, realizó una incursión en la ciudad de Azul (Provincia de Buenos Aires) y atacó la guarnición del ejército contrarrevolucionario establecido en esa ciudad, compuesto por el Regimiento 10 de Caballería Blindada y el Grupo de Artillería Blindado 1.”
“Luego de tomada la guardia central y el puesto Nº 3, se generó una resistencia en dos centros secundarios de la guardia (tanque y herrería), que hizo posible la intervención del resto del personal del cuartel e imposibilitó su total copamiento. Entablado el combate, la Compañía Héroes de Trelew, redobló sus esfuerzos y mantuvo la ofensiva durante una hora hasta que se comprobó la imposibilidad de doblegar la resistencia atrincherada de fuerzas superiores.”
“El Ejército Revolucionario del Pueblo reafirma una vez más su decisión de continuar sin desmayos la verdadera lucha por la liberación nacional y social de nuestra Patria de nuestro pueblo, por destruir el injusto sistema de explotación y opresión que sufren los trabajadores argentinos y una de cuyas principales fuerzas son sus Fuerzas Armadas contrarrevolucionarias. ¡Ninguna tregua al ejército opresor! ¡Ninguna tregua a las empresas explotadoras!”.
Adviértase el lenguaje utilizado, común en las organizaciones marxistas. Alguien desapercibido, alguien desconocedor del tema, un observador poco ilustrado, venido del exterior, creerá verdaderamente que se trató del ataque de guerrilleros, de irregulares contra fuerzas opresoras, que coartan su libertad. Creerá que el accionar de los terroristas, es la lógica reacción de un pueblo bajo las garras de un gobierno dictatorial.
Pero nosotros advertimos que es inocultable que estamos ante la irrupción del fenómeno de guerra actual, guerra de última generación, es decir el ataque por parte de grupos armados, mimetizados con el pueblo y alzados contra autoridades legítimamente elegidas por la ciudadanía. Contra las autoridades constitucionales de la Argentina. Si advertimos que esta gente sin escrúpulos, estos terroristas intentaron derribar a un gobierno legal, nos encontramos que el Estado, como sostiene acertadamente el general Perón, tiene la obligación de acudir a la fuerza de las armas, que monopoliza en forma legítima, con el objetivo de defender a la ciudadanía de los ataques de estos usurpadores del poder.

Capítulo 100 - La Justicia Convencional Enfrenta al Nuevo Terrorismo

Finalmente no puedo menos que insertar la siguientes frases, que considero un hallazgo, una perla, ya que revela en forma sintética lo ocurrido en esa época trágica. Dice el referido del Barco que “Ahora se trata, y es lo único en que coincido con Gelman, de la verdad, la diga quien la diga. Yo parto del principio del ‘no matar’, y trato de sacar las conclusiones que ese principio implica. No puedo ponerme al margen y ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, o a la inversa. Yo culpo a los militares y los acuso porque secuestraron, torturaron y mataron. Pero también los ‘nuestros’ secuestraron y mataron. Menéndez es responsable de inmensos crímenes, no sólo por la cantidad sino por la forma monstruosa de sus crímenes. Pero Santucho, Firmenich, Gelman, Gorriarán Merlo y todos los militantes y yo mismo, también lo somos. De otra manera, también nosotros somos responsables de lo que sucedió. Esta es la base, dice Gelman, de la salvación. Yo también lo creo”.
La opción parecería ser la que los códigos penales han recogido, es decir el reconocimiento de la defensa de los derechos personales o de la comunidad apelando al mal menor si la verdadera intención es evitar un mal mayor. Cualquier solución que se aparte de esta concepción no se ajustará a la justicia, aunque sí pueda ajustarse al Derecho. Los jueces, para poder resolver el dilema de la culpabilidad de los jefes militares, que se excedieron en su actuación, deben tener presente que “el problema es que en el mundo de la globalización la distinción entre seguridad interior y exterior pierde nitidez y el nuevo terrorismo representa una amenaza de características inéditas. No estamos ante ejércitos enemigos a los que se puede derrotar en una guerra convencional, pero tampoco estamos ante un grupo de delincuentes con cierto arraigo local, como era el caso del terrorismo internacional” (confr. diario “La Vanguardia”, España 22-03-04). *

* Y tan inéditas resultan estas características que incluso ha ocurrido un fenómeno del que nadie se ocupa, posiblemente porque lo han pasado por alto. Las víctimas del terrorismo subversivo en nuestro país, las verdaderas víctimas de este azote, no han sido protegidas por el Estado Nacional. Ninguna organización internacional o nacional, ha impetrado ayuda a las víctimas del terrorismo o a sus familiares, y creo que si lo hubiera hecho el Estado no los habría ayudado. Las víctimas del terrorismo subversivo en nuestro país, ni siquiera se han organizado. Debe ser la Argentina el único país donde quienes fueron víctimas de la guerrilla subversiva, del terrorismo con todas las letras, no recibe ayuda de Patria. “Nadie socorrió a los afectados más directos por esta barbarie, ante el abandono y marginación a que los relegaban tanto el Estado Argentino como la sociedad argentina en su conjunto. Es increíble que un Estado que se proclama democrático haya podido despreciar de tal forma a las víctimas del terrorismo totalitario, otorgando simétricamente un plus de crédito y prestigio a bandas de asesinos, cuyo propósito declarado, nada oculto, consiste en destruir la democracia y la unidad de la Argentina. En España la Asociación Víctimas de la Democracia ha impulsado medidas políticas, sociales y judiciales que han permitido mejorar la situación de las víctimas inmediatas del terrorismo de ETA. Esta asociación, denunciando los crímenes ha conseguido diluir la demagogia que presentaba y “aun presenta a los terroristas como luchadores por algún fin noble, mostrando su verdadera naturaleza de barbarie fanática y delincuente. Ha contribuido a probar, que las llamadas “soluciones políticas” eran en realidad soluciones mafiosas que no hacían otra cosa que legalizar el crimen y premiar a los criminales, a costa del estado de derecho y de la libertad y seguridad de los ciudadanos”. (Web Libertad Digital. ¿Quienes son las víctimas del terrorismo? De Pío Moa-adaptado a la Argentina por el autor de este ensayo).

Capítulo 87 - Cuando se Homenajea al Grupo de Traidores

continuación

No tiene explicación alguna la usurpación que efectuaron los subversivos, al arrogarse la representación del pueblo, repito, ya que la ciudadanía los había elegido a los mandatarios constitucionales, por una abrumadora mayoría de alrededor de 7 millones de votos, lo que no impidió, empero, que estas fuerzas se autodesignaran como legítimas representantes del pueblo.
Estoy seguro que merecemos un lugar en el famoso libro de Ripley, puesto que es insólito que exista un país, atacado por los elementos subversivos, vencidos por el gobierno constitucional, que pasados 30 años rinda homenaje a aquellos sediciosos que osaron atacar a las autoridades constituidas legítimamente.
Y es mas insólito que el gobierno que les rinde homenaje sea del mismo partido político que gobernaba en ocasión de tales ataques. Creo que un Presidente que tolera y promueve tales “homenajes” no ayuda a la democracia ni a sus instituciones. El homenaje que se pretende otorgar a estos pseudo “salvadores” de la Patria no encuentra sustento alguno. Se trata de una apología del delito. No se puede invocar para cohonestar este proceder que se actuó, en la emergencia, tratando de colaborar con el gobierno legalmente constituído. Cuando es derribado el último gobierno citado, con fecha 24 de marzo de 1976, los insurgentes siguen proclamando que ellos actúan, pero esta vez destacan que lo hacen, a fin de salvar al gobierno que intentaron derribar. Y esta falacia perdura en la actualidad. Quien fue delincuente subversivo otrora, sigue siéndolo, a pesar de haber cambiado el gobierno de la Nación. No resulta este camino, un Jordán que lave las culpas de los insurrectos que se alzaron contra el Estado de Derecho y las autoridades constituidas. Una conclusión de tal índole repugna al Derecho.

Capítulo 84 - Fidel "El Campeón de los Derechos Humanos"

Irónicamente, los mismos que disimulan las atrocidades de Castro, que ni protestaron cuando se fusiló mediante juicios sumarios, a los adversarios políticos del régimen del tirano Fidel Castro, son los mismos que en nuestro país se ocupan en cuanta ocasión se les presenta en denunciar al régimen franquista como violador de los derechos humanos al haberse fusilado en España, en su época, a diversos condenados en juicios sumarios, de la misma índole.

Es decir el mismo modo de proceder merece de ellos una calificación elogiosa o peyorativa conforme la ideología de quienes fusilan. Un ejemplo rotundo de lo dificultoso que es conformarnos con esta suerte de Justicia
Universal que no se aproxima a la Justicia ni es Universal en los procedimientos tendientes a individualiza, mediante la uniformidad, la sanción penal.
Demás está decir que, en este caso, a Cuba su expulsión de la Organización de los Estados Americanos le vino de perillas, ya que como no adhirió al Pacto de los Derechos Humanos llamado Pacto de San José, no se podría alegar que no dio cumplimiento a lo que firmó, pero como se trata de Derechos Humanos, no es necesario destacar que las Naciones Unidas los han tipificado y Cuba como miembro de esta entidad debe respetar lo que se resolvió por parte de su Asamblea General en mas de una oportunidad. Si hubiera ocurrido en otro país, de distinto signo político, sus voces se oirían con estruendo.
Ni una sola palabra cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el ex Relator Especial de la ONU para Cuba informaron sobre la frecuencia generalizada en las cárceles cubanas de hepatitis, tuberculosis, sarna, infecciones parasitarias y desnutrición, lo que afectaba a la población carcelaria, situación que no cambió ante la denuncia que efectuó la organización Amnistía Internacional, a quien Castro ni siquiera se molestó en responderle.
Quienes sostienen la ideología que anima a la izquierda radicalizada, estimulan el llamado “escrache” en los domicilios de quienes no gozan de sus simpatías, por la causa que sea. Creo que la mayoría de los argentinos, estamos convencidos que como el dulce de leche, es un invento argentino. Lamentablemente tengo que reconocer que este método, utilizado en nuestro país casi exclusivamente por la organización HIJOS, fue creación copiada del invento cubano, singular casualidad. En nuestro país lo usan frecuentemente los partidarios de los subversivos, contra el domicilio de algún “genocida”.
No fuimos nosotros los inventores de esta modalidad de causar perjuicios a una persona que se odia. Lamentablemente, no es ésta acción un invento argentino. En la isla paradisíaca, a instigación del gobierno, grupos adictos controlados por el Estado, son utilizados, mandados a fin de montar protestas públicas contra aquellos que disientan de las políticas estatales, gritando expresiones obscenas y a menudo causando daños a los hogares y propiedades de las personas objeto del repudio.
La policía y los agentes de seguridad, a menudo presentes en esos actos, no hacen nada para impedir este accionar. Demás está decir que quienes se niegan a participar en estas acciones deben encarar acciones disciplinarias, incluyendo la eventual pérdida de su empleo. Se dió el caso de que en uno de estos actos de repudio se colocaron a niños pequeños al frente de adultos armados con bastones, ordenando a los pequeños cantar lemas progubernamentales. ¿No recuerda a nuestros piqueteros?
Ningún periodista en la Argentina, especialmente aquellos que se caracterizaron siempre, salvo durante el período militar, en criticar todos los actos de los gobiernos de nuestro país, criticó que el 31 de enero un oficial de reeducación política golpeó a un periodista encarcelado por poseer ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y un informe de la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras. Nadie recordó la existencia de una Convención Contra la Tortura.
Se dió el caso, casi único diría yo, del preso político Juan Carlos González Leyva, quien informó que otro recluso ingresó a la celda que él ocupaba y quiso golpearlo pero huyó cuando él se despertó. González Leyva es ciego y fue detenido en marzo del 2002 acusado de desacato a la autoridad, desorden público, desobediencia y resistencia. Aunque los Fiscales solicitaron una pena de 6 años para él, pasó un año y seguía encarcelado sin que el juicio hubiera comenzado. *
*Este ejemplo evidente de violación a los Derechos Humanos no lo tuvo en cuenta la Argentina, cuando se votó en las Naciones Unidas instar al gobierno de Fidel Castro, para que autorice la comparecencia de los organismos de las Naciones Unidas, que se ocupan de este tema, a fin de sacar sus propias conclusiones, alegando que eso era intromisión en los asuntos internos de otro Estado, lo que está vedado. Hipócritamente se abstuvo, o sea que labró el “Acta Fundacional” de los Derechos Humanos de los amigos.

En nuestro país, los mismos que sostienen una postura benigna contra los delincuentes, los que bregan a favor de los derechos humanos de los delincuentes, ni se dieron por enterados de esta anomalía judicial, la pasaron por alto, como tantas otras, puesto que todo se concretó en Cuba.

Capítulo 83 - En la Argentina los Totalitarios Defienden el Derecho

Todas estas instituciones, en la Argentina, significan la implantación poco menos de organismos encargados de coartar la libertad, como por ejemplo la famosa DIPA, Coordinación Federal, la similar de la policía bonaerense, etc. Algunos mal pensados creen que, en nuestro país, con el pretexto de encuestar el nivel de la cultura pública se llegaría a propiciar crear un organismo que proceda a efectuar estas consultas, con el fin de “vigilar” el desarrollo de la cultura vernácula. No lo creo ya que sería un paso en falso. Pero, trasladado el tema a Cuba, es algo extraordinario.
Las imputaciones formuladas a integrantes de nuestras FFAA y de organismos de Seguridad en cuanto a la violación de los Derechos Humanos en nuestro país, en la represión de la subversión, encuentran base en Resoluciones y Convenciones de las Naciones Unidas, a las que nuestro país adhirió como recordé anteriormente, generalmente luego del acceso al poder del Dr. Raúl Alfonsín.
Mediante tales adhesiones se concilió la aplicación de la ley penal más severa con la retroactividad de las leyes penales más severas, principio cardinal en nuestro país, y en todo el mundo civilizado, desde antiguo. En consecuencia se sostiene, por parte de estos sectores llamados “garantistas” o “progresistas” que es constitucional, en este caso especialísimo, aplicar la ley penal mas severa en forma retroactiva y desconocer pronunciamientos jurisdiccionales pasados en autoridad de cosa juzgada, ya que el artilugio nacido con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 así lo permitiría, de lo que tengo mis fundadas reservas que expondré en otra ocasión. Tales sectores se pasan al otro bando, al de los duros, al que constantemente y acerbamente critican.
La frutilla del postre fue la sanción por parte del Congreso Nacional de la ley 25.779 que declaró la nulidad de las normas de Punto Final y Obediencia Debida, con lo se logró lo que se quería, se reabrió el debate mediante una norma legal que declaró la nulidad de lo que había sido derogado anteriormente por la ley nº 24.952 del mismo Congreso Federal. Vale decir que se anuló una ley que ya había sido derogada. Se actuó retroactivamente, sin importarles absolutamente nada que haya habido o no derechos adquiridos. Los titulares de esos derechos, al no ser simpatizantes de la izquierda, aparentemente no gozaban ni podían excepcionar defensivamente con ellos.
Que no haya sido la Justicia sino el Congreso Federal quién haya adoptado esta medida, declarar la nulidad de las citadas normal legales, es írrito al Derecho ya que nuestros legisladores usurparon el lugar de los jueces. En este caso, y a pesar de las declaraciones altisonantes en el sentido de querer aplicar la ley rigurosamente, se ha demostrado palpablemente que lo que en realidad se quiso es proceder a la venganza privada. La maniobra resultó, en definitiva, una versión moderna de la faida.
Fatigoso resultó encontrar un camino que mantuviera la vía expedita para llegar a esos fines, pero finalmente, con alegría vieron sus adherentes concretados sus propósitos.
Pero los mismos que expresan adhesión a estas ideas, irrestricta defensa de los Derechos Humanos, cuando se trata de la isla caribeña, pasan por alto la circunstancia de que allí los miembros de las fuerzas de seguridad se encuentran imputados por la comisión de numerosas y graves violaciones de los derechos humanos. Por supuesto que al gobierno de Cuba tales denuncias ni lo rozan. No se sienten aludidos sino para rechazar la llamada “intervención” de terceros países en asuntos internos de la isla. Para ellos la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es una entidad que no debe intervenir en asuntos internos de la isla.
Durante el llamado Proceso Militar, en la Argentina se organizaron Tribunales Militares encargados de juzgar a los acusados de actividades subversivas, y los imputados no se cansaron de adjudicar a esos organismos el carácter de comisiones Especiales, prohibidas por la Constitución Nacional. Siempre se acusó a las autoridades militares de crear una suerte de apariencia de justicia, y clamaron los integrantes de la subversión, por el cese de tan injusta situación.
Pero cuando 75 ciudadanos, activistas de los Derechos Humanos en Cuba, son detenidos y sometidos a juicios sumarios, siendo sentenciados, mediante juicios sumarísimos, a penas que van desde los 6 a los 28 años, nada dicen. Callan sin juzgar tal anomalía grave. Cuando en nuestro país los acusados de cometer delitos subversivos se encontraron privados de su libertad, en las cárceles del Proceso o en verdaderos Campos de Concentración, sus familiares y defensores denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las condiciones infrahumanas que sufrían ellos y esta entidad tomó debida nota de tales circunstancias, cuando visitaron nuestro país para interiorizarse in situ de tal situación. Por supuesto sus conclusiones fueron luego expuestas en el Juicio a los Comandantes y sirvieron como elemento de prueba.
Pero pasado un tiempo estas mismas víctimas de una situación aberrante para la civilización, nada dicen, nada opinan, nada critican, cuando se repite lo mismo en las cárceles de Fidel, quien ni permiso les otorga a las organizaciones internacionales para visitar las prisiones. La “sangrienta dictadura militar”, en honor a la verdad, les concedió tal permiso. Reconozco que en casos, como el de la Esma, trasladó a ciertos detenidos a otro lugar para que no los vean, pero yo lo reconozco por ser un ferviente partidario de la democracia y de la libertad, pero para todos y no para mis amigos. En Cuba el Gobierno no encausó ni sancionó a los miembros de la fuerza de seguridad imputados de estos abusos. O sea que ignoró olímpicamente el trato que debía dar a los presos.
Cuando tres balseros fueron ejecutados por intentar huir del paraíso castrista, con fecha 11 de abril ppdo., la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyos integrantes visitaron la Argentina como dije, lo que no pudieron hacer aun con Cuba, criticaron las ejecuciones, en particular la naturaleza sumaria de tales juicios determinando que el proceso que condujo las ejecuciones constituyó privación arbitraria de la vida. Por supuesto que en la Argentina los que se decían víctimas de delitos similares, es decir de simulacros de enfrentamiento, o secuestro de persona o torturas, los que declamaron contra los “genocidas” ni mu dijeron sobre este episodio, ya que había ocurrido en Cuba. Y Cuba es un país amigo, un antiimperialista por excelencia.

Capítulo 82 - Donde Hacemos Comparaciones que Son Odiosas

¿Que pasó en nuestra país cuando Menem designó en la Corte Suprema de Justicia a una mayoría adicta a su persona? Comenzando por los partidarios del dictador Castro, en la Argentina ello fue visto como una aberración jurídica e institucional. Designado un nuevo Presidente llamó públicamente a iniciar juicio político a ciertos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la sencilla razón de que formaron parte de la llamada “mayoría automática” del gobierno menemista, acompañado en su decisión por un núcleo muy importante de sus conciudadanos. La coherencia brilla por su ausencia en cuanto quienes ensalzan al dictador cubano proceden de la misma manera a fin de someter a su autoridad al Poder Judicial de nuestro país. Si lo hizo Menem está pésimo, mas si lo concreta un partidario de Fidel, enhorabuena. Decisiones de esa índole, para que sean justas, no sólo deben ser ajustadas a derecho sino que la ética que las rige debe comenzar por acompañar las intenciones con comportamientos coherentes en situaciones similares. Y, desgraciadamente, vemos que ello no ocurre y mas lamentablemente podemos advertir que la ciudadanía en general ignora que pasa realmente en Cuba, que digo no sólo ignora la real situación de ese país sino que, en los noticiosos televisivos locales se pasa revista muy al pasar de la situación gravísima por la que atraviesa la hermana república de Venezuela, lo que no hacen otros noticiosos como los de Chile, la CNN, etc.
Como el titular del gobierno venezolano goza de la simpatía del dictador Fidel Castro, acá se trata de no mostrar la golpiza que la Guardia Nacional propinó a los manifestantes opositores o la persecución sangrienta de la que son objeto. Si sucesos de tal índole hubieran ocurrido en nuestro país todo el periodismo o gran parte de él dejaría expresada su indignación y protesta por la violación de los Derechos Humanos de los opositores al régimen de Chaves. Al pueblo se le desinforma y de esta forma le es dificultoso comparar para poder juzgar con equidad. Rescato que para poder elegir libremente no es necesario solamente que el ciudadano no sea coaccionado al momento de sufragar sino que no debe ser engañado durante el lapso anterior, no puede sufrir lavados de cerebro que le hagan dificultoso elegir con libertad.
Estoy absolutamente seguro que quienes formaron frente al edificio de Tribunales, clamando venganza contra algunos integrantes, sino todos, de la Corte Suprema de Justicia por las razones aducidas anteriormente, ignoraban que en Cuba el Poder Judicial está subordinado al gobierno y al Partido Comunista. No se le mueve una pestaña a ningún funcionario nacional que se encargó de propiciar los juicios políticos. Descuento, por conocerlos ilustrados, que ellos saben con precisión tal circunstancia, pero el pueblo de nuestro país no se encuentra advertido al respecto y muchas veces ilusionado con el hálito de héroe de Fidel creé en lo que se le dice, guiado por la acción u omisión de sus corifeos. *.

*“La Constitución Cubana establece la existencia de tribunales independientes; sin embargo, los subordina explícitamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y al Consejo de Estado. La ANPP y sus homólogos en niveles inferiores eligen a todos los jueces. La subordinación de los tribunales al Partido Comunista, que la Constitución designa como la fuerza directiva superior de la sociedad y del Estado, compromete aún más la independencia del poder judicial. Los tribunales socavan el derecho a un juicio imparcial al restringir el derecho a la defensa y con frecuencia no observan los pocos derechos de debido proceso de ley de que disponen los acusados.”. (Confr. La comunicación del Departamento de Estado de los EEUU citada precedentemente)
Cuando se sancionó, en nuestro país, la ley de Defensa Nacional, en ella se introdujeron cláusulas que determinaban que estaba prohibido a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas efectuar inteligencia interna. Entre quienes propiciaron calurosamente tal iniciativa estaban los perseguidos por el régimen militar, es decir los ex-integrantes de organizaciones subversivas.
Era lógica tal predilección, de los entonces guerrilleros, ya que habían sentido en carne propia el resultado de esas tareas castrenses. Pero cuando las fuerzas armadas no son de nuestro país, sino de otro, en este caso Cuba, milagrosamente cambian los argumentos y la consiguiente evaluación y estas mismas personas que posiblemente ejercieron actos de terrorismo en plena época constitucional de Juan D. Perón y de María Estela M. de Perón, y que fueron perseguidas por el régimen dictatorial comenzado el 24 de marzo de 1976, se vuelven fervorosos partidarios de los militares, los de Cuba por supuesto, y pasan por alto al evaluar la situación en esa isla, que oficiales de sus Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) dirigidas por el hermano de Fidel fueron designados para ocupar la mayor parte de los cargos en el ministerio del Interior.
Ministerio que, es público y notorio, se ocupa de investigar y reprimir activamente la oposición y las disidencias políticas. Les aconsejo humildemente, a quienes aplaudieron calurosamente tales medidas en nuestro país, que evalúen que en Cuba el Ministerio del Interior también se ocupa, entre otros menesteres, de mantener vigente un sistema penetrante de vigilancia mediante el uso de agentes secretos, informantes, Brigadas de Respuesta Rápida (BRR) y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Capítulo 81 - Ingresando al Paraíso Cubano

Es digno de destacar que acá se vuelve a plantear un interrogante no aclarado hasta la fecha ¿Para que los Estados deben incorporar como normas internas los Derechos Humanos Internacionales, si como dicen los partidarios del derecho inmaterial, no escrito, subyacente en la conciencia de los pueblos, existía desde hace años, lo que justifica que su aplicación en las penas no sea considerada retroactividad penal?

Empero mediante arbitrios inmorales y falaces, se quiere hacer creer a toda la población que la garantía de la defensa de los Derechos Humanos se encuentra depositada, por orden de las UN, en organismos de ideología de izquierda, en especial los más radicalizados. Y llego a esa triste conclusión ya que el gran violador de los Derechos Humanos en este Continente, el comandante cubano Fidel Castro, es mirado con admiración, con simpatía y afecto no oculto, no sólo por las autoridades de nuestro país sino en casi toda Latinoamérica, le son perdonadas sus faltas e inclusive se pretende que él constituye un espejo en el cual mirarse, como si se tratara de un San Martín redivivo.
Si un mínimo de las normas vigentes en Cuba se aplicaran en la Argentina hace rato que cientos de miles de ciudadanos hubieran salido a la calle con sus cacerolas, como es costumbre, protestando contra las medidas dictatoriales que el gobierno impuso. A guisa de ejemplo de las incontables violaciones de tales Derechos fundamentales podríamos suponer, y digo nada más que suponer, que acá existiera un partido único. Los organismos sedicentes defensores de los Derechos Humanos, casualmente defensores del dictador Castro, en la emergencia creo que no tolerarían tal situación, salvo que en ese bingo ellos hayan salido favorecidos en la utópica elección popular.
Pero convengamos que ésa no es la situación ideal, ya que la regular alternancia, es el ideal en una democracia. En cambio tenemos que en Cuba se encuentra al dictador perpetuo, el monarca marxista, y existe como única entidad política el Partido Comunista. No hay posibilidades de disenso estando penado, por el código respectivo, disentir con la autoridad estatal. No existen elecciones competitivas de los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Hasta las sentencias del más alto Tribunal de Cuba, tienen que pasar por los organismos de mayor jerarquía, del Partido Comunista Cubano. En la isla cárcel, se aplica el derecho penal de forma tal que en nuestro país, alarmaría a los llamados progresistas, quienes por cierto, defienden al dictador, más por capricho que por convicción sincera. Allí se aplica la peligrosidad, el confinamiento etc. Se persigue a los homosexuales, pero al parecer tal actitud es ignorada por los defensores de esta gente, los que concretan una defensa selectiva conforme su ideología, confiando, al parecer, que la distancia hará que pasen desapercibidos sus gestos omisivos y permisivos hacia el régimen. *

*El Código Penal incluye el concepto de "peligrosidad", que se define como la "proclividad especial de una persona a cometer crímenes, demostrada por su conducta en contradicción manifiesta con las normas socialistas". Si lapolicía decide que una persona exhibe señales de peligrosidad, puede llevar al delincuente ante un tribunal o someterlo a terapia o reeducación política. Las autoridades gubernamentales amenazaban regularmente con encausamientos de acuerdo con esta provisión. Tanto la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) como la CIDH criticaron esta táctica por su subjetividad, la naturaleza sumaria de los procedimientos judiciales empleados, la falta de salvaguardias legales ylas consideraciones políticas que sustentaron su aplicación. … Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la llamada inclinación especial a cometer delitos a que se refiere el Código Penal equivalía a un criterio subjetivo usado por el gobierno para justificar violaciones de las libertades individuales y el debido proceso de ley, en contra de personas cuyo único delito era sustentar una opinión diferente de la opinión oficial. El gobierno cubano también usó el exilio como instrumento para controlar y eliminar la oposición interna. El Código Penal permite a las autoridades extrañar a un individuo de un área determinada o confinarlo en un área determinada por un período de 1 a 10 años. Conforme a esta provisión, las autoridades pueden exiliar a cualquier persona cuya presencia en un lugar determinado podría ser "socialmente peligrosa". (Comunicación del Dpto. de Estado de los EEUU).
En la Argentina, quien sostiene el establecimiento del “estado peligroso” en un delincuente, es considerado un totalitario retrógrado. Al momento de escribir ésto se envió al Congreso de la Nación Argentina, un proyecto de Código Penal en el que, entre otras reformas “progresistas” se destipifica el delito de asociación ilícita puesto que se considera que el punir un “estado de peligro”, no está de acuerdo con la doctrina garantista?????? Se deja de lado, por considerarse violatoria de los derechos humanos, agravar las penas teniendo en cuenta la proclividad de una persona a cometer delitos y por ello, se deroga lo relacionado con la reincidencia. Lo inaudito es que quienes propician esta doctrina protectora de la delincuencia, son los mismos que aplauden al tirano Fidel Castro y por cierto al derecho penal que se aplica en Cuba.