Todas estas instituciones, en la Argentina, significan la implantación poco menos de organismos encargados de coartar la libertad, como por ejemplo la famosa DIPA, Coordinación Federal, la similar de la policía bonaerense, etc. Algunos mal pensados creen que, en nuestro país, con el pretexto de encuestar el nivel de la cultura pública se llegaría a propiciar crear un organismo que proceda a efectuar estas consultas, con el fin de “vigilar” el desarrollo de la cultura vernácula. No lo creo ya que sería un paso en falso. Pero, trasladado el tema a Cuba, es algo extraordinario.
Las imputaciones formuladas a integrantes de nuestras FFAA y de organismos de Seguridad en cuanto a la violación de los Derechos Humanos en nuestro país, en la represión de la subversión, encuentran base en Resoluciones y Convenciones de las Naciones Unidas, a las que nuestro país adhirió como recordé anteriormente, generalmente luego del acceso al poder del Dr. Raúl Alfonsín.
Mediante tales adhesiones se concilió la aplicación de la ley penal más severa con la retroactividad de las leyes penales más severas, principio cardinal en nuestro país, y en todo el mundo civilizado, desde antiguo. En consecuencia se sostiene, por parte de estos sectores llamados “garantistas” o “progresistas” que es constitucional, en este caso especialísimo, aplicar la ley penal mas severa en forma retroactiva y desconocer pronunciamientos jurisdiccionales pasados en autoridad de cosa juzgada, ya que el artilugio nacido con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 así lo permitiría, de lo que tengo mis fundadas reservas que expondré en otra ocasión. Tales sectores se pasan al otro bando, al de los duros, al que constantemente y acerbamente critican.
La frutilla del postre fue la sanción por parte del Congreso Nacional de la ley 25.779 que declaró la nulidad de las normas de Punto Final y Obediencia Debida, con lo se logró lo que se quería, se reabrió el debate mediante una norma legal que declaró la nulidad de lo que había sido derogado anteriormente por la ley nº 24.952 del mismo Congreso Federal. Vale decir que se anuló una ley que ya había sido derogada. Se actuó retroactivamente, sin importarles absolutamente nada que haya habido o no derechos adquiridos. Los titulares de esos derechos, al no ser simpatizantes de la izquierda, aparentemente no gozaban ni podían excepcionar defensivamente con ellos.
Que no haya sido la Justicia sino el Congreso Federal quién haya adoptado esta medida, declarar la nulidad de las citadas normal legales, es írrito al Derecho ya que nuestros legisladores usurparon el lugar de los jueces. En este caso, y a pesar de las declaraciones altisonantes en el sentido de querer aplicar la ley rigurosamente, se ha demostrado palpablemente que lo que en realidad se quiso es proceder a la venganza privada. La maniobra resultó, en definitiva, una versión moderna de la faida.
Fatigoso resultó encontrar un camino que mantuviera la vía expedita para llegar a esos fines, pero finalmente, con alegría vieron sus adherentes concretados sus propósitos.
Pero los mismos que expresan adhesión a estas ideas, irrestricta defensa de los Derechos Humanos, cuando se trata de la isla caribeña, pasan por alto la circunstancia de que allí los miembros de las fuerzas de seguridad se encuentran imputados por la comisión de numerosas y graves violaciones de los derechos humanos. Por supuesto que al gobierno de Cuba tales denuncias ni lo rozan. No se sienten aludidos sino para rechazar la llamada “intervención” de terceros países en asuntos internos de la isla. Para ellos la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es una entidad que no debe intervenir en asuntos internos de la isla.
Durante el llamado Proceso Militar, en la Argentina se organizaron Tribunales Militares encargados de juzgar a los acusados de actividades subversivas, y los imputados no se cansaron de adjudicar a esos organismos el carácter de comisiones Especiales, prohibidas por la Constitución Nacional. Siempre se acusó a las autoridades militares de crear una suerte de apariencia de justicia, y clamaron los integrantes de la subversión, por el cese de tan injusta situación.
Pero cuando 75 ciudadanos, activistas de los Derechos Humanos en Cuba, son detenidos y sometidos a juicios sumarios, siendo sentenciados, mediante juicios sumarísimos, a penas que van desde los 6 a los 28 años, nada dicen. Callan sin juzgar tal anomalía grave. Cuando en nuestro país los acusados de cometer delitos subversivos se encontraron privados de su libertad, en las cárceles del Proceso o en verdaderos Campos de Concentración, sus familiares y defensores denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las condiciones infrahumanas que sufrían ellos y esta entidad tomó debida nota de tales circunstancias, cuando visitaron nuestro país para interiorizarse in situ de tal situación. Por supuesto sus conclusiones fueron luego expuestas en el Juicio a los Comandantes y sirvieron como elemento de prueba.
Pero pasado un tiempo estas mismas víctimas de una situación aberrante para la civilización, nada dicen, nada opinan, nada critican, cuando se repite lo mismo en las cárceles de Fidel, quien ni permiso les otorga a las organizaciones internacionales para visitar las prisiones. La “sangrienta dictadura militar”, en honor a la verdad, les concedió tal permiso. Reconozco que en casos, como el de la Esma, trasladó a ciertos detenidos a otro lugar para que no los vean, pero yo lo reconozco por ser un ferviente partidario de la democracia y de la libertad, pero para todos y no para mis amigos. En Cuba el Gobierno no encausó ni sancionó a los miembros de la fuerza de seguridad imputados de estos abusos. O sea que ignoró olímpicamente el trato que debía dar a los presos.
Cuando tres balseros fueron ejecutados por intentar huir del paraíso castrista, con fecha 11 de abril ppdo., la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyos integrantes visitaron la Argentina como dije, lo que no pudieron hacer aun con Cuba, criticaron las ejecuciones, en particular la naturaleza sumaria de tales juicios determinando que el proceso que condujo las ejecuciones constituyó privación arbitraria de la vida. Por supuesto que en la Argentina los que se decían víctimas de delitos similares, es decir de simulacros de enfrentamiento, o secuestro de persona o torturas, los que declamaron contra los “genocidas” ni mu dijeron sobre este episodio, ya que había ocurrido en Cuba. Y Cuba es un país amigo, un antiimperialista por excelencia.
Las imputaciones formuladas a integrantes de nuestras FFAA y de organismos de Seguridad en cuanto a la violación de los Derechos Humanos en nuestro país, en la represión de la subversión, encuentran base en Resoluciones y Convenciones de las Naciones Unidas, a las que nuestro país adhirió como recordé anteriormente, generalmente luego del acceso al poder del Dr. Raúl Alfonsín.
Mediante tales adhesiones se concilió la aplicación de la ley penal más severa con la retroactividad de las leyes penales más severas, principio cardinal en nuestro país, y en todo el mundo civilizado, desde antiguo. En consecuencia se sostiene, por parte de estos sectores llamados “garantistas” o “progresistas” que es constitucional, en este caso especialísimo, aplicar la ley penal mas severa en forma retroactiva y desconocer pronunciamientos jurisdiccionales pasados en autoridad de cosa juzgada, ya que el artilugio nacido con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 así lo permitiría, de lo que tengo mis fundadas reservas que expondré en otra ocasión. Tales sectores se pasan al otro bando, al de los duros, al que constantemente y acerbamente critican.
La frutilla del postre fue la sanción por parte del Congreso Nacional de la ley 25.779 que declaró la nulidad de las normas de Punto Final y Obediencia Debida, con lo se logró lo que se quería, se reabrió el debate mediante una norma legal que declaró la nulidad de lo que había sido derogado anteriormente por la ley nº 24.952 del mismo Congreso Federal. Vale decir que se anuló una ley que ya había sido derogada. Se actuó retroactivamente, sin importarles absolutamente nada que haya habido o no derechos adquiridos. Los titulares de esos derechos, al no ser simpatizantes de la izquierda, aparentemente no gozaban ni podían excepcionar defensivamente con ellos.
Que no haya sido la Justicia sino el Congreso Federal quién haya adoptado esta medida, declarar la nulidad de las citadas normal legales, es írrito al Derecho ya que nuestros legisladores usurparon el lugar de los jueces. En este caso, y a pesar de las declaraciones altisonantes en el sentido de querer aplicar la ley rigurosamente, se ha demostrado palpablemente que lo que en realidad se quiso es proceder a la venganza privada. La maniobra resultó, en definitiva, una versión moderna de la faida.
Fatigoso resultó encontrar un camino que mantuviera la vía expedita para llegar a esos fines, pero finalmente, con alegría vieron sus adherentes concretados sus propósitos.
Pero los mismos que expresan adhesión a estas ideas, irrestricta defensa de los Derechos Humanos, cuando se trata de la isla caribeña, pasan por alto la circunstancia de que allí los miembros de las fuerzas de seguridad se encuentran imputados por la comisión de numerosas y graves violaciones de los derechos humanos. Por supuesto que al gobierno de Cuba tales denuncias ni lo rozan. No se sienten aludidos sino para rechazar la llamada “intervención” de terceros países en asuntos internos de la isla. Para ellos la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es una entidad que no debe intervenir en asuntos internos de la isla.
Durante el llamado Proceso Militar, en la Argentina se organizaron Tribunales Militares encargados de juzgar a los acusados de actividades subversivas, y los imputados no se cansaron de adjudicar a esos organismos el carácter de comisiones Especiales, prohibidas por la Constitución Nacional. Siempre se acusó a las autoridades militares de crear una suerte de apariencia de justicia, y clamaron los integrantes de la subversión, por el cese de tan injusta situación.
Pero cuando 75 ciudadanos, activistas de los Derechos Humanos en Cuba, son detenidos y sometidos a juicios sumarios, siendo sentenciados, mediante juicios sumarísimos, a penas que van desde los 6 a los 28 años, nada dicen. Callan sin juzgar tal anomalía grave. Cuando en nuestro país los acusados de cometer delitos subversivos se encontraron privados de su libertad, en las cárceles del Proceso o en verdaderos Campos de Concentración, sus familiares y defensores denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las condiciones infrahumanas que sufrían ellos y esta entidad tomó debida nota de tales circunstancias, cuando visitaron nuestro país para interiorizarse in situ de tal situación. Por supuesto sus conclusiones fueron luego expuestas en el Juicio a los Comandantes y sirvieron como elemento de prueba.
Pero pasado un tiempo estas mismas víctimas de una situación aberrante para la civilización, nada dicen, nada opinan, nada critican, cuando se repite lo mismo en las cárceles de Fidel, quien ni permiso les otorga a las organizaciones internacionales para visitar las prisiones. La “sangrienta dictadura militar”, en honor a la verdad, les concedió tal permiso. Reconozco que en casos, como el de la Esma, trasladó a ciertos detenidos a otro lugar para que no los vean, pero yo lo reconozco por ser un ferviente partidario de la democracia y de la libertad, pero para todos y no para mis amigos. En Cuba el Gobierno no encausó ni sancionó a los miembros de la fuerza de seguridad imputados de estos abusos. O sea que ignoró olímpicamente el trato que debía dar a los presos.
Cuando tres balseros fueron ejecutados por intentar huir del paraíso castrista, con fecha 11 de abril ppdo., la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyos integrantes visitaron la Argentina como dije, lo que no pudieron hacer aun con Cuba, criticaron las ejecuciones, en particular la naturaleza sumaria de tales juicios determinando que el proceso que condujo las ejecuciones constituyó privación arbitraria de la vida. Por supuesto que en la Argentina los que se decían víctimas de delitos similares, es decir de simulacros de enfrentamiento, o secuestro de persona o torturas, los que declamaron contra los “genocidas” ni mu dijeron sobre este episodio, ya que había ocurrido en Cuba. Y Cuba es un país amigo, un antiimperialista por excelencia.
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